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Autor: José Darío Cepeda Medina
La Junta Central Electoral (JCE) ha aprobado la Resolución No. 9-2025, que establece un aumento generalizado en las tasas por servicios que ofrece este órgano a partir del 1 de julio de 2025. Lo que la JCE llama una “adecuación” de tarifas es, en la práctica, un encarecimiento drástico y desproporcionado de trámites esenciales para la vida civil y ciudadana.
Con aumentos que van desde el 25% hasta el 150%, servicios como las certificaciones de cédulas, actas de nacimiento, matrimonio o defunción, cambio de nombre, inscripciones tardías o transcripciones de actos realizados en el extranjero, ahora costarán mucho más. Estos incrementos afectan directamente a los sectores más vulnerables, incluidos dominicanos residentes en el exterior, quienes dependen de estos documentos para regularizar su estatus migratorio o realizar trámites básicos.
La JCE alega que la medida responde al aumento de los costos operativos. Sin embargo, no presentó evidencias claras ni muchos menos hizo una consulta pública antes de imponer nuevos precios que comprometen el derecho fundamental a la identidad, reconocido en la Constitución dominicana y en tratados internacionales.
Es inadmisible que un órgano garante de la democracia y los derechos civiles imponga barreras económicas a trámites que son parte del ejercicio pleno de la ciudadanía. La identidad, el registro civil y el acceso a documentación oficial no deben estar condicionados a la capacidad de pago, ni convertirse en una fuente de recaudación.
Desde esta tribuna, expresamos nuestro rechazo enérgico a esta resolución y hacemos un llamado a su revisión inmediata. La ciudadanía no debe pagar el precio de la ineficiencia administrativa ni del déficit presupuestario del Estado. Lo justo sería que estos servicios esenciales se mantuvieran accesibles, subsidiados cuando sea necesario, y gestionados con criterio social.
La democracia comienza por reconocer a cada ciudadano. Cobrar de más por ese reconocimiento es simplemente inaceptable.
