SANTO
DOMINGO.- Varios expertos ambientalistas aseguraron que para la realización de
cualquier proyecto minero en República Dominicana, como el caso de la grancera
en el distrito municipal de El Cachón, provincia Barahona, se requiere del
permiso social ambiental, que es el que otorga la comunidad y que está
contemplado en la ley.
Así coinciden Luis Carvajal, director de la Comisión
Ambiental de la UASD; Fernando Peña, coordinador del Observatorio de Políticas
Públicas de la UASD; y Maritza Ruiz, investigadora en término de industria
extractiva.
Carvajal, quien además es miembro de la Academia de
Ciencias, consideró que en el proyecto que se está planteando en El Cachón
todavía no hay un permiso y que cualquier tipo de extracción que haya es
irregular y constituye una violación que demanda la intervención de las
autoridades.
“Ya la comunidad ha empezado a manifestarse, por lo
tanto, es casi imposible que un proyecto minero en esa zona o cualquier sitio
pueda conseguir el permiso de una sociedad que ya habló en voz alta, no nos
confundamos ahí todavía no hay un permiso y va a ser muy difícil que lo haya,
porque la comunidad no va a permitir que en esa zona se realice una
explotación”, dijo el experto al referirse a las manifestaciones de
comunitarios en rechazo a la instalación de una grancera en el distrito
municipal de El Cachón, provincia Barahona.
Al respecto, Fernando Peña manifestó que lo que está
pasando en El Cachón es una muestra de lo que pasa en ciertas áreas del país
con el tema minero.
“El gran problema que está planteado es la irracionalidad
con que el Gobierno aborda el tema de la industria minera y de todas las
industrias extractivas, la minería no metálica y la metálica”, destacó.
Dijo que en esos proyectos mineros no se hacen consultas
como lo estipula la ley y que las simulan, y ponen a los propios beneficiarios
de las iniciativas mineras a hacer las consultas y las validan.
“En definitiva, lo que hay aquí es una no aplicación, un
no cumplimiento de la ley, si aquí se cumpliera con rigor las exigencias que
tiene la Ley de Medio Ambiente, aunque no haya una ley de consulta previa sobre
el tema, seguro que no pasaran esas cosas, pues es que no sólo rechazan lo que
es la actitud de la comunidad, sino que no la consultan y eso ha pasado no sólo
en El Cachón, sino en todo el país”, destacó.
Se necesita escuchar
al pueblo
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En tanto que Maritza Ruiz, lamentó que las autoridades no
escuchen a las comunidades y que no desempeñen su rol de supervisión.
“Penosamente no se escuchan las voces del pueblo, si tú
vas a El Cachón y haces una consulta a todas las comunidades te van a decir
cuál es su sentir. La supervisión del Gobierno es lo que digan las mineras,
porque lo que se privilegia y a lo que se le da importancia es que paguen y eso
ayude a financiar un presupuesto público”, consideró la experta respecto a la
denuncia de comunitarios en el sentido de que la grancera en El Cachón
representa una amenaza para el medioambiente y los recursos naturales.
Las autoridades deben consultar las comunidades
Luis Carvajal, de la Comisión Ambiental de la UASD, dijo
que los reglamentos de evaluación ambiental establecen dos momentos de contacto
con la población, uno en la fase inicial del proyecto en la cual las empresas
están obligadas a presentar a la comunidad el proyecto con los pros y los
contras.
Sostuvo que el otro momento es cuando se hace el estudio
de impacto ambiental y se debe presentar en una consulta pública a la comunidad
que puede aprobarlo o rechazarlo.
“Si las comunidades no aprueban un proyecto no es posible
desarrollarlo, el permiso social forma parte del permiso estructural de los
proyectos, por eso una de las cosas que han tratado de romper las empresas que
más contaminan y que resulta incómodo al Estado es ese permiso social, hay
varias personas que lo han querido sacar de la ley y ha habido resoluciones
para tratar de quitarle peso, pero esas consultas sociales son obligatorias y
están normadas”, manifestó.
Expertos recomiendan cumplir rol y escuchar la comunidad
Los tres expertos en temas de medioambiente hicieron un
llamado a las autoridades a cumplir con su rol de supervisor de las empresas
mineras y hacer cumplir lo que establecen las leyes nacionales, principalmente
respecto a la obligatoriedad de consulta social al pueblo antes de iniciar
cualquier proyecto.
Pidieron a las autoridades estar vigilantes para que las
consultas mineras en las distintas comunidades se realicen cumpliendo todos los
requisitos, que se ofrezcan las informaciones veraces a la sociedad y que se
escuche a los comunitarios.