Santo Domingo: La
Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) movilizó este domingo a miles de sus
afiliados en una marcha pacífica que salió del parque Enriquillo y concluyó en
la Puerta del Conde, en la capital.
Al término
de la actividad, Alba Reyes, coordinadora de ADESA, propuso un pacto
político y social por el derecho a la
salud basado en diez puntos.
Incluye,
promover un reordenamiento o reforma
legal e institucional del Sistema Nacional de Salud y de Seguridad Social
que devuelva al Estado su capacidad rectora y que garantice a la población el
usufructo de su derecho constitucional por medio de la disponibilidad y acceso
a servicios de salud de calidad y de sentido humano y solidario.
ADESA
propone también Incrementar gradualmente el gasto anual de salud hasta alcanzar
al final de período presidencial 2020-2024 la
inversión de un 4.5% del PIB.
Con iguales condiciones, invertir en Atención Primaria el 33% del presupuesto
anual de salud y adoptar cuantas medidas operativas sean necesarias para elevar
la calidad del gasto en salud.
Promover
un Plan Decenal de Salud que tenga como objetivo el uso racional de los
recursos humanos, económicos y materiales del sistema; además de su eficiente
implementación es otro compromiso que sugiere la organización.
“Esta
es una manifestación de indignación y rebeldía”, proclamó la coordinadora de
ADESA
“Indignación
frente el empeoramiento de la crisis del sistema sanitario, cuyas dolorosas
consecuencias las sufrimos cada día la inmensa mayoría del pueblo dominicano”,
explicó.
Agregó
que se trata de una crisis vieja que no da señales de mejoría y que se traduce
en la negación de uno de los derechos fundamentales y universales: EL DERECHO A
LA SALUD.
“¿Cómo
no indignarse si cuando reclamamos más inversión y mejor calidad del gasto en
salud el Gobierno nos responde recortando drásticamente el presupuesto
destinado al sector para el año en curso, recorte cercano a 8 mil millones de
pesos, si 8 mil millones?”, se preguntó la lideresa.
Lamentó
que se recorte presupuestario se produjera en un momento en el que el 27% de
los hospitales municipales y provinciales están paralizados debido a que sus
plantas físicas aún están en reconstrucción desde hace hasta 7 años. No se
terminan por falta de dinero.
“Los
hospitales del Estado, a los que están obligados a asistir dos tercios de la
población, operan en condiciones muy precarias: tienen déficit de equipos e insumos
para laboratorios y cirugías, necesitan con urgencia más enfermeras, más
médicos especialistas, más bioanalistas, mejores condiciones laborales y mayor
capacidad gerencial, no tienen ambulancias y el suministro de medicamento se
pobre”.
La
marcha fue respalda por miles de personas, entre ellas líderes sociales,
gremios profesionales, enfermeras, médicos y otros sectores identificados con
los reclamos que hace ADESA.
En
la propuesta de pacto político se resalta la necesidad de priorizar la salud
dentro de los planes y las acciones del gobierno y promover el saneamiento gerencial y administrativo
en las instituciones públicas de salud, en particular, erradicando nóminas
supernumerarias y cualquier evidencia de corrupción, indisciplina e
ineficiencia laboral.
Durante
el recorrido, la multitud portaba pancartas y vociferaba consignas en favor de
sus reclamos.
“Hace
20 años que compramos la ilusión que nos vendieron de que el Seguro Familiar de
la Salud (SFS) nos garantizaría el acceso a servicios universales y de calidad.
Pero nos engañaron” puntualizó en su discurso Alba Reyes.
“Los
trabajadores formales estamos obligados a pagar un aseguramiento contributivo,
gústenos o no nos guste, pero el maldito seguro no nos cubre nuestras
necesidades sanitarias básicas y nos trata como clientes de tercera categoría”,
dijo.
Una
gran cantidad de servicios fueron excluidos del aseguramiento, otros requieren
de un pago adicional para una persona asegurada acceder a ellos.
“Quienes
están haciendo un negocio redondo con los seguros son las denominadas
Aseguradoras de Riegos Laborales, los laboratorios, las empresas farmacéuticas,
muchas clínicas y una cantidad apreciable de médicos especialistas, entre los
que se destacan aquellos famosos se hartan de decir que no aceptan ningún
seguro, y otros que cobran hasta 5 mil pesos de copago”.
Esto
quiere decir, dijo Reyes, que usuarios y usuarias del seguro subsidiado igual
que los y las integrados al régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud
estamos siendo víctima de la denegación al derecho a la Salud.
Instó
a la población y a sus organizaciones a integrarse más activamente a la lucha
por un nuevo sistema de salud y por un nuevo sistema de seguridad social.